Por Bruno Cortés
Organizaciones de la sociedad civil y especialistas ambientales urgieron al Congreso de la Unión a aprobar de manera definitiva una prohibición expresa de la fracturación hidráulica en el marco legal mexicano, denunciando que la falta de un veto explícito mantiene abiertos resquicios normativos que permiten la asignación indirecta de recursos públicos para la exploración de yacimientos no convencionales.
Durante el foro de análisis realizado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, activistas de la Alianza Mexicana contra el Fracking cuestionaron que la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) carece de capacidad operativa y presupuestal para auditar e inspeccionar de forma efectiva la integridad mecánica de los pozos y el manejo de residuos tóxicos derivados de esta práctica en la geografía nacional.
Las organizaciones civiles exigieron la rendición de cuentas sobre las asignaciones vigentes de Petróleos Mexicanos (Pemex) y los contratos privados otorgados en rondas petroleras previas, señalando la existencia de asignaciones que contemplan la estimulación hidráulica a pesar de los compromisos públicos de la administración federal para suspender la concesión de nuevos proyectos no convencionales.
El debate puso bajo la lupa los pasivos ambientales históricos derivados de la industria de los hidrocarburos en los estados de Veracruz, Puebla y Tamaulipas, argumentando que permitir la expansión del fracking trasladaría el costo de la remediación ambiental y los problemas de salud pública a las finanzas estatales y a las comunidades locales desprovistas de infraestructura médica adecuada.
Representantes del sector empresarial energético defendieron la necesidad de establecer un marco regulatorio estricto en lugar de un veto absoluto, argumentando que la soberanía energética de México depende de reducir la importación de gas natural desde Estados Unidos, el cual es extraído en más de un 80 por ciento mediante la propia técnica de la fracturación hidráulica.
Ante los señalamientos de la industria, las agrupaciones comunitarias demandaron la obligatoriedad de la consulta previa, libre e informada para los pueblos originarios de las zonas afectadas, advirtiendo que la imposición de proyectos de extracción no convencional vulnera los derechos territoriales y genera conflictos sociales de gran escala en el medio rural.
Los integrantes de las comisiones unidas de Energía y Medio Ambiente en la Cámara de Diputados se comprometieron a dar seguimiento a las denuncias sobre vacíos en la supervisión de pozos activos e informaron que solicitarán un reporte detallado a la Secretaría de Energía sobre el estado operativo actual de las asignaciones de campos no convencionales en el país.
